Desde el inicio de la pandemia, el sector asegurador se ha mostrado reacio a reconocer el pago de indemnizaciones a causa del COVID-19. Solo tímidamente y como acción de puro marketing se apresuraron a publicitar que se harían cargo de las prestaciones derivadas de los seguros de asistencia sanitaria y nada más. El resto de los ramos del seguro no tendrían cobertura por causas que ellos consideraban de fuerza mayor, lo cual con el paso del tiempo ya se ha visto que no es así.

Por tanto, la cuestión es si están obligadas las aseguradoras a pagar una indemnización por las pérdidas por COVID-19. La respuesta no es fácil porque no es siempre, pero tampoco nunca. Es decir, dependerá del contenido y de la redacción de la póliza de seguro que tengamos contratada en nuestro negocio. Y digo nuestro negocio, porque contrariamente a lo que la gente cree, las pérdidas por cierre derivadas del COVID cubren a todos los negocios, no solo a los de hostelería.

Para que nuestro contrato de seguro nos cubra las pérdidas para indemnizar el cierre por COVID-19, lo primero que hay que tener contratado es la garantía de lucro cesante que cubrirá, salvo pacto expreso en sentido contrario, la pérdida de beneficios mientras el establecimiento permanezca cerrado y hasta el límite temporal que se fije en la póliza, los gastos generales que se produzcan hasta el reinicio de la actividad y los gastos que sean consecuencia directa del cierre.

Estas tres garantías pueden contratarse de forma conjunta o individualizada y a su vez pueden formar parte del contrato de seguro de nuestro negocio, o ser un contrato de seguro aparte y autónomo del contrato de seguro del negocio, aunque esta modalidad de contrato autónomo, es la menos frecuente.

Una vez verificado que el contrato de seguro tiene estas garantías contratadas, tendremos que verificar si hay alguna exclusión que diga que esta cobertura queda sin efecto en caso de que el motivo por el que se nos obliga a indemnizar el cierre, sea una pandemia, como es el caso del COVID-19. Aun en el caso de que esta cláusula exista en el contrato ello no quiere decir que sea válida y aplicable, pues dependerá de si está redactada de forma destacada, en lenguaje fácilmente comprensible y sobre todo que el asegurado haya tenido conocimiento de la misma al contratar la póliza, habiendo firmado la aceptación de esta exclusión.

Si tal cláusula de exclusión de la cobertura por pandemia no existe, la aseguradora debería aceptar la reclamación del asegurado y proceder a indemnizarle conforme al contenido del contrato de seguro.

Si tras revisar nuestro contrato de seguro esta tiene contratada alguna de las garantías antes citada, el titular del contrato puede dirigirse a su seguro para que le indemnice con arreglo a la póliza. Este tipo de contrato se puede realizar para cualquier actividad o industria, de modo que no solo la hostelería, sino cualquier negocio que se haya visto obligado a cerrar, puede reclamar su derecho a ser indemnizado por el cierre por COVID.

Para saber qué cantidad se puede reclamar, hay que remitirse al contrato de seguro que hayamos realizado, porque es ahí donde consta el alcance de la garantía contratada. En este aspecto hay diversidad de formulas para indemnizar, desde las más simples que cubren una cantidad fija diaria, hasta las más complejas que cubren una cantidad máxima de pérdida de beneficio neto, de modo que en este caso tendremos que aportar documentación contable que demuestre cuáles eran los beneficios que se obtenían antes de producirse el cierre. Lo mismo ocurre cuando se cubren solo los gastos del negocio. En este caso, hay que acreditar el importe de nóminas, alquileres etc… para poder cuantificar el importe a indemnizar.

Por último, si todo va bien y la reclamación es aceptada por la aseguradora, esta tiene la obligación de liquidarnos en cuanto haya valorado nuestra documentación. En todo caso, debe hacer un adelanto de la cantidad mínima, que deba pagar en los 40 días siguientes a la recepción de nuestra reclamación. De no hacerlo así y demorarse en los pagos, se le podrían reclamar además de la cantidad resultante del siniestro, otra indemnización por intereses de demora desde que se declaró el siniestro y hasta que se hizo el pago más allá de los 40 días que establece la ley de contrato de seguro.

Carlos Rial. Socio Fundador

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